El pleno del Poble Nou de Benitatxell rechazó anoche las alegaciones presentadas por la anterior concesionaria de la recogida de basura, la empresa FCC, contra las penalidades impuestas por el ayuntamiento por deficiencias en la prestación de este servicio. El gobierno local (Movimiento Red, PP y Pideb) llevó a pleno la desestimación de las alegaciones. Los dos partidos de la oposición, Compromís e Independientes de la Marina Alta), también votaron a favor. Por tanto, el acuerdo salió adelante por unanimidad.
El consistorio interpuso sanciones durante todos los meses entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014. La inspección municipal detectó incumplimientos en el contrato, así como deficiencias en la recogida de los residuos sólidos urbanos. El Ayuntamiento cuenta con un precedente judicial que avala su labor de inspección y la imposición de sanciones. El juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Alicante tumbó una reclamación de esta empresa y concluyó que el consistorio había actuado conforme a derecho al dejar de abonar a la mercantil 12.812 euros dado que ese era la valoración del incumplimiento del contrato. Esa cantidad sólo correpondía a las sanciones de noviembre de 2013. En los meses siguientes, la inspección municipal siguió detectando incumplimientos. El juzgado subrayó que el ayuntamiento tenía «la potestad de fiscalizar e inspeccionar» el cumplimiento de la contrata.
La concesión de este servicio terminó el pasado mes de junio. El Ayuntamiento recuperó la recogida de basura, que ahora presta de forma directa a través de la empresa pública Poble Net Serveis Municipals de Neteja i Manteniment.
Por otra parte, el pleno aprobó una moción que presentó el PP en defensa del travase Tajo-Segura, apoyada por Pideb e Independientes de la Marina Alta y que contó con la abstención de Movimiento Red y el voto en contra de Compromís. Mientras, Movimiento Red presentó una propuesta de exenciones fiscales a los agricultores ante los daños ocasionados en los cultivos por la sequía. La moción, que salió adelante por unanimidad, reclama al Gobierno que aplique el módulo cero en la declaración de la renta, exima a los agricultores de pagar el IBI rústico y apruebe créditos blandos con una moratoria de un año sobre el capital del préstamo.